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René López Pérez
Susana González Núñez
Mauro A. Vargas Urías
El tema de las masculinidades en el ámbito de la política pública es de reciente data, pero aún así existe una diversidad de propuestas y experiencias -tanto por su alcance municipal o nacional, como por sus objetivos y sus temáticas- que es posible rescatar. En México, la academia y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) -en ocasiones con el apoyo de algunos gobiernos de nivel federal, estatal o municipal- han realizado propuestas para atender a hombres que ejercen violencia (creación de modelos, diseño y desarrollo de campañas de comunicación, entre otras); pero paulatinamente se ha puesto el foco en propuestas e iniciativas que aborden la prevención de la violencia, así como la erradicación de roles y estereotipos que conduzcan a una construcción de la igualdad de género sobre bases más sólidas.
El propósito de la agenda es que la Administración Pública (tanto federal, como estatal y municipal), así como los Poderes Legislativo y Judicial, tengan una referencia de las diferentes acciones que podrían realizarse para involucrar a los hombres en la igualdad de género. Con este fin, se decidió tomar como referencia la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) para identificar las posibles acciones de trabajo con hombres que podrían ser incorporadas a los planes de desarrollo, a los programas sectoriales o a las agendas legislativas.
La premisa de esta propuesta es que lograr la igualdad requiere acciones diferenciadas según el género. Tomemos como ejemplo las disposiciones actuales en relación con la violencia contra las mujeres: por un lado, se han establecido acciones de protección a las víctimas, así como medidas para atender sus condiciones de vulnerabilidad psicológicas, económicas, legales, etcétera; por otro lado, en cuanto a las personas agresoras, se prevén programas reeducativos para que modifiquen aquellas actitudes y comportamientos que dan origen a comportamientos violentos. Ambas disposiciones son esenciales, pero el enfoque de este documento es que deberíamos considerar las medidas que inciden en la raíz de la problemática; en este ejemplo, cuando consideramos la dimensión preventiva, nos percatamos que es necesario impulsar un enfoque diferenciado: para las posibles víctimas, es necesario cuestionar los aprendizajes relacionados con la sumisión; para quienes tienen mayor posibilidad de ejercer la violencia incidir en esquemas de pensamiento basados en la superioridad de un género sobre otro. Aquí habría que agregar que este tipo de medidas requieren acciones que incidan tanto en la cultura, como en el pensamiento individual de las personas.
De manera general, la sensación que queda al leer la LGIMH es que cuando se habla de hombres y mujeres lo que se busca es “subir” a las mujeres al “sitio” que ocupan los hombres (en términos de derechos y oportunidades); sin embargo, esto deja de lado el hecho de que el género también implica relaciones y entonces las acciones positivas o de equidad dirigidas a las mujeres deberían acompañarse de acciones que modifiquen la interacción de los géneros. Por ejemplo, no basta con establecer el derecho al trabajo, también es necesario incidir en las dinámicas relacionales para crear condiciones para construir un entorno laboral positivo: ausencia de acosos y hostigamientos; políticas de corresponsabilidad; eliminación de techos de cristal; remuneraciones según la función y no el sexo; y otras situaciones que normalmente son reflejo de culturas laborales creadas en entornos masculinizados.
En resumen, incorporar a los hombres a la política pública implica realizar acciones dirigidas específicamente a ese sector de la población que contribuyan a la igualdad sustantiva.
En el artículo 3º de la LGIMH se señala que son “sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional” y agrega que no se discriminará a nadie en función de diferentes variables, incluyendo su orientación sexual.
Pese a esta disposición, prevalece una visión dicotómica de los hombres y las mujeres lo cual es claro cuando se habla de la “violencia hacia las mujeres”, enfoque que excluye la violencia hacia hombres que no se asumen como heterosexuales y que son violentados por «su» orientación o adscripción genérica.
En la Ley no se incluyen conceptos sobre “masculinidades” y “feminidades”, lo que dificulta que el Estado adopte un compromiso con el tipo de construcciones masculinas y femeninas que desea promover para que la igualdad sea posible.
Relacionado con lo anterior, habría que incorporar al marco de la Ley el concepto de interseccionalidad a fin de visibilizar que hay diferentes expresiones de la masculinidad (evidentemente, también de la feminidad) y se requieren acciones específicas para las diferentes poblaciones: por ejemplo, ¿las campañas que se han emprendido para concienciar sobre la violencia contra las mujeres y llamar a un cambio de actitudes son comprendidas de igual manera por niños y adultos, hombres de ámbitos urbanos y rurales, hombres heterosexuales y de la diversidad sexual, etcétera?
En el artículo 41 de la LGIMH se establece que un objetivo de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres es “I. La eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres, así como los comportamientos machistas”; este objetivo expresa claramente lo que no se quiere, pero no queda claro lo que sí se desea construir, por lo que podría agregarse otro objetivo en términos como el siguiente: “Se promoverá que las relaciones entre hombres y mujeres esté basada en el buentrato y en la solución noviolenta de los conflictos.”
En la Ley se prevén acciones para que los medios de comunicación contribuyan a presentar imágenes y textos que abonen a la igualdad de género, pero no se ha incluido al Internet y las redes sociales, pese a que allí han aparecido expresiones de “violencia digital” o “reacción violenta en línea” que han dado pie a fenómenos como la machosfera o manósfera, es decir, espacios digitales donde los participantes varones se asumen como víctimas del feminismo y rechazan cualquier evidencia sobre la violencia masculina de género. El propósito de incluir a la esfera digital no tiene que ver con limitar o sancionar (aunque no lo excluye en casos necesarios), sino entender el fenómeno y generar estrategias que contrarresten el peso que actualmente tienen.
La LGIMH considera estrategias de muy diverso tipo para contribuir al bienestar y a la agencia de las mujeres; sin embargo, es importante reconocer que muchas de esas medidas desafían creencias y prácticas muy arraigadas en la sociedad, de manera que los cambios deseados se pueden acelerar o frenar a partir de las reacciones de hombres -e incluso algunas mujeres-, por lo que es necesario prever las resistencias y analizar los factores que es necesario considerar para que las políticas derivadas de la ley sean más efectivas. En las propuestas de agenda pública hay muchos ejemplos en este sentido.
En general, la LGIMH es bastante amplia e incluye diversos aspectos de la vida nacional en los que se expresan las desigualdades de género; sin embargo, es inevitable que surjan escenarios diferentes que es necesario abordar en la ley. En la agenda se considera necesario abordar el papel de los hombres en relación con el medio ambiente, los cuidados y la salud mental; asimismo, considerando que en una proporción mayor los hombres están en conflicto con la ley, es necesario tomar medidas para promover otras expresiones de la masculinidad (independientemente de otras cuestiones estructurales que sea necesario atender).
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