El 17 de mayo se conmemora la desaparición de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud.

 
     
 

Los esfuerzos contra la homofobia, es decir, la discriminación con base en las preferencias o identidades sexuales se articulan desde el mismo cambio cultural que se necesita para reconocer la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres.

Recientemente se hizo un gran avance desde el reconocimiento que oficializó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su fallo contra las expresiones homofóbicas, y colocándolas en la categoría de discursos del odio. Asimismo esta instancia ha defendido la constitucionalidad del matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, las poblaciones LGBTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexo) siguen siendo violentadas sistemáticamente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostiene que 50 por ciento de las mujeres lesbianas y 66 por ciento de las personas transexuales reportaron haber sufrido algún acto de violencia al interior de algún centro escolar, mientras que otro seguimiento realizado por la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia muestra que el promedio de casos de homicidios contra personas LGBTTI registrado entre 1995 y 2004 fue de 33, mientras que para el periodo 2005-2013 es de 51 casos.

Desde la lógica de la masculinidad hegemónica o machista, estos hombres están cercanos a lo femenino, por lo que se les violenta desde los mismos esquemas que se ejercen en la violencia contra las mujeres. En el caso de lesbianas y transexuales el estigma y la situación de violencia aumentan pues además de tener una preferencia sexual o una identidad sexual fuera de la heteronormatividad, se viven en cuerpos de mujeres.

Una de las violencias más preocupantes es la que ejerce el propio Estado al no reconocer la igualdad de derechos de estas poblaciones. Por ejemplo, al no prohibir y tipificar como delito la discriminación por preferencias sexuales explícitamente en las legislaciones de varias de las entidades, al no admitir en las leyes y la política pública el acceso a las mismas prestaciones sociales e introducir como una agravante en la comisión de delitos las motivaciones de odio hacia la diversidad sexual.

En este sentido, es urgente diseñar acciones para modificar la actuación de las y los servidores públicos que están obligados a vigilar la observancia y a respetar los derechos humanos así como formular o reformular las políticas y procedimientos internos de las dependencias. También resulta prioritario reformar las constituciones locales a fin de instaurar la garantía de dignidad (que prohíba la discriminación, entre otras razones, por preferencias sexuales), así como las legislaciones civiles locales que discriminan a las poblaciones LGBTTI y continuar en los esfuerzos para eliminar los estereotipos de género que han sido claramente identificados en la CEDAW como un obstáculo para la igualdad.

 

GENDES es una organización civil que trabaja desde las masculinidades impulsando procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia, para promover y fortalecer - en alianza con otros actores- relaciones equitativas e igualitarias que contribuyan al desarrollo social.

 
     
 
 

Más información
Patricia Carmona
Coordinadora de Posicionamiento Público
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